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Fecha Noticia: 31/01/2020

Corte Suprema confirma condena contra laboratorios coludidos en licitaciones públicas de medicamentos

El acuerdo, que se extendió entre 1999 y 2013, correspondió a una concertación de precios para la venta de fármacos inyectables a la Central Nacional de Abastecimientos. Las dos compañías sancionadas deberán pagar en conjunto casi $12 mil millones.

condena contra laboratorios coludidos

“La existencia de informes aportados por las requeridas en torno a que no existiría evidencia de una colusión en la evolución de los precios resulta irrelevante para estos efectos, puesto que se ha establecido que ese precio no fue el fruto de una fijación libre, sino de una concertación previa que, si bien no impidió que otros actores ofertaran en las licitaciones —aun cuando ello fue en una proporción muy baja, según se ha indicado—, ciertamente influyó en las posibilidades de adjudicación de dichos terceros, produciéndose así un efecto contrario a la libre competencia», señala el fallo de la Corte Suprema que acogió los recursos interpuestos contra la decisión del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en lo referente a una rebaja de las sanciones impuestas a los laboratorios Sanderson S.A. y Fresenius Kabi Chile Limitada.

Así, la Tercera Sala del máximo tribunal, integrada por los ministros Sergio Muñoz, Jorge Dahm, Arturo Prado, Ángela Vivanco y Juan Manuel Muñoz Pardo, confirmó el hecho de que estas compañías incurrieron en conductas colusorias en licitaciones de ampollas inyectables de la Central Nacional de Abastecimientos (Cenabast) entre los años 1999 y 2013, ordenando —aunque en fallo dividido— multas de 18.000 UTA (unidades tributarias anuales) para la primera y de 2.000 UTA para la segunda, esto es, casi $11 mil millones y poco más de $1.000 millones, en cada caso, y US$ 15 millones en conjunto. La sentencia original había cifrado las penas en 30.000 UTA y 2.463 UTA, respectivamente.

A juicio de los magistrados, corresponde desestimar las alegaciones de los laboratorios en cuanto niegan la existencia de un acuerdo o de su efecto anticompetitivo, “puesto que obra en su contra el cúmulo de antecedentes que han sido ponderados por el tribunal a quo, los cuales dan cuenta de reuniones permanentes y sucesivas entre los ejecutivos de las empresas, que se hacían constar en las planillas que cada uno de ellos elaboraba al efecto y cuyos acuerdos se ven efectivamente plasmados en los precios que posteriormente cada uno ofertaba en las licitaciones convocadas (…), las que en su mayoría fueron adjudicadas a la entidad que, conforme al convenio anterior, se las había atribuido por acuerdo de las partes».

Rebaja de multas

Fue en este punto donde los magistrados no estuvieron de acuerdo, manifestándose los ministros Muñoz y Dahm contrarios a la rebaja de la sanción. Aquello es posible, aseguraron, ya que al momento de graduar la cuantía a imponer “los sentenciadores están limitados únicamente, por un lado, por el texto expreso del Decreto Ley N° 211 aplicable a la fecha de consumación de los hechos y, por otro, por el principio de proporcionalidad que debe observarse en la imposición de toda sanción pecuniaria”, a lo que se suma “la finalidad sancionatoria y a la vez preventiva que debe cumplirse a través de la imposición de la multa”.

El voto de mayoría, sin embargo, sostuvo que “efectivamente existe un yerro jurídico” al recurrir la sentencia al tope sancionatorio del doble del beneficio económico, “por cuanto tal disposición fue solo incorporada por la Ley N°20.945 de 30 de agosto de 2016, en circunstancias que se dio por asentado como un hecho de la causa que el acuerdo imputado cesó en el primer trimestre de 2013, sin que se trate de un precepto que permita su aplicación de forma retroactiva”.

No obstante, estiman que en la determinación del castigo pecuniario aplicable resulta “particularmente relevante el elemento o criterio sancionatorio relacionado con la gravedad de la conducta”, teniendo para ello especialmente presente el porcentaje de participación que las empresas en su conjunto sumaban en el mercado de la venta de medicamentos inyectables al sector público que, conforme se consigna en el fallo recurrido suma, a lo menos para el período 2006 a 2013, un 84,7%.

Y agregan como pruebas de esta gravedad que se trató de una afectación a “un bien especialmente sensible para la población”, como es el de los fármacos; que en este mercado “el mayor o menor precio al cual compre Cenabast tiene directa incidencia en el gasto público”; que la extensión del tiempo durante el cual se concretó y mantuvo la conducta —desde los años 1999 a 2013— no fue menor y que la manifestación concreta de esta fue a través de un acuerdo, “lo cual naturalmente conduce a la obtención de un beneficio económico”.

Fuente El Mercurio

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